El Gobierno argentino, presidido por Javier Milei, utiliza los incendios en la Patagonia para criminalizar al pueblo mapuche. Con allanamientos y acusaciones sin pruebas, persigue a las comunidades mientras ignora las causas reales de los siniestros, profundizando una histórica represión.

Durante el mes de febrero a lo largo de las laderas orientales de la Cordillera de los Andes en la Patagonia argentina se han desarrollado una serie de incendios forestales que hasta el momento afectan unas 30 mil hectáreas, y produjeron el desplazamiento de cientos de residentes. 

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Dado que las áreas afectadas son territorios históricos mapuches, las brigadas comunitarias auto-organizadas respondieron a la atención de los siniestros climáticos. Sin embargo, las autoridades policiales argentinas impidieron el accionar de los mapuches mediante una serie de operativos que incluyeron allanamientos y arrestos arbitrarios en contra de la comunidad originaria.

Los integrantes de la comunidad Mapuche de Lof Pillán Mahuiza -ubicada entre la población de Corcovado a unos 20 kilómetros de la frontera con Chile y el cerro Centinela a 80 kilómetros al norte- han sufrido en los últimos días acciones de amedrentamiento, persecución y violencia policial. Hechos denunciados durante una rueda de prensa internacional celebrada el lunes 17 de febrero, donde dieron cuenta de tácticas practicadas por las pasadas dictaduras como la siembra de armas o materiales combustibles para acusar de forma ilegal a los mapuches de ser los supuestos responsables de iniciar los incendios forestales.

La persecución y hostigamiento de los mapuches ha sido una práctica recurrente de parte de la gestión de la Ministra de Seguridad de Milei, la politóloga Patricia Bullrich, quien desempeña el cargo desde diciembre de 2023, y se ha caracterizado por ser una ferviente defensora del Presidente argentino y de sus políticas extremas en diversos ámbitos como la economía y seguridad interna.

La líder Magali Salerno, describió lo vivido el día domingo 16 de febrero: “…las comunidades se fueron acercando, llegando entre las 9 y 10 de la mañana, ya para las 7 de la mañana estaba la policía federal apostada a unos 4 kilómetros de la entrada de la tranquera, de la comunidad. La comunidad se encuentra ubicada en un punto intermedio que conecta Cerro Centinela, una comuna y el pueblo de Corcovado, entonces se puede acceder por esos dos lugares, tanto desde Cerro Centinela. Allí estuvo la policía apostada, identificando desde el día anterior a la gente que venía.”

Entre los mapuches criminalizados se encuentra Victoria Núñez Fernández, una mujer de la comunidad de Lof Pillán Mahuiza, que fue condenada a dos meses de prisión preventiva, a pesar de no existir pruebas que la vinculen a los delitos de los cuales es acusada. 

Así mismo, la comunidad denunció que las fuerzas de seguridad argentinas, incluyendo la Fuerza de Tareas Federal (GEOP) han sido desplegadas para reprimir e intimidar a las comunidades indígenas originarias de la región.

La investigadora y líder Mapuche Jennifer Nahuelpan durante la rueda de prensa denunció que las pruebas aportadas eximen de responsabilidad a Victoria Núñez, ya que el presunto vehículo utilizado para originar los incendios, no se movilizó durante los días de los eventos: “Por la información satelital de la empresa de seguros, sabemos que Victoria es inocente, que todos esos días estuvo en Mahuiza, hay testigos, testigos que están viajando para declarar”.

Para Nahuelpan, Núñez es un chivo expiatorio: “ella es inocente y la están instrumentalizando para esta cortina de humo, porque no quieren encontrar los verdaderos hacedores de los fuegos, no quieren encontrar a los verdaderos criminales, porque son sicarios enviados por ellos mismo”.

La comunidad Mapuche de Lof Pillán Mahuiza en Chubut se mantiene alerta y pide a la comunidad internacional su atención y apoyo para que Victoria Núñez no se convierta nuevamente en un mártir de la causa mapuche como lo fue Santiago Maldonado en 2017.

Patricia Bullrich: Brazo ejecutor de la política anti-mapuche de Macri y Milei

Recientemente, durante la presidencia del empresario derechista Mauricio Macri, durante casi 3 meses la sociedad argentina se mantuvo en vilo por la desaparición forzada del activista de la causa mapuche Santiago Maldonado, quien el primero de agosto del 2017 desapareció tras el desalojo violento y arbitrario de una manifestación en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la provincia de Chubut. Los testigos del hecho aseguraron que agentes de la Gendarmería Nacional se llevaron a Maldonado a bordo de una camioneta.

El cuerpo del joven Maldonado apareció sin vida el 17 de octubre, 77 días después de haber sido secuestrado por las autoridades policiales. El caso a la fecha aún espera por una investigación seria e imparcial que determine las responsabilidades del asesinato del activista de 28 años de edad.

Es destacable señalar que también durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich ejercía el cargo de Ministra de Seguridad Nacional de la República Argentina, aplicando en este periodo los mismos protocolos de criminalización hacia la nación Mapuche.

@telesurtv_oficial Los incendios en la Patagonia argentina ya cobran una víctima. En Mallín Ahogado, un barrio ubicado en El Bolsón, el fuego ya consumió 2.700 hectáreas quemando más de 70 casas. Alrededor de 800 turistas fueron evacuados de refugios de montaña. El gobierno aún no da respuesta #Incendios #Patagonia #Argentina ♬ sonido original – teleSUR

Pueblo Mapuche en Argentina: 6 siglos de despojos y persecución

Aunque la persecución de los Mapuches y otros pueblos originarios en Argentina se remonta la época de la invasión europea iniciada en los siglos XV y XVI, posteriormente hubo momentos en los cuales la violencia y el despojo de parte de los descendientes de estos primeros colonizadores hacia las comunidades originarias, arreció.    

Un ejemplo de ello fueron las operaciones militares emprendidas por el gobierno de Argentina entre los años de 1878 y 1885, conocidas globalmente como la “conquista o Campaña del Desierto”. El objetivo de estas acciones fue despojar de grandes extensiones de tierras que se encontraban bajo el poder de los pueblos originarios pampa, ranquel, tehuelche y mapuche.

Aunque el maltrato y rapiña esgrimida hacia estas nacionalidades originarias fue común a todas, en el caso de los mapuches al ser los más numerosos, ha repercutido a través de las décadas hasta nuestros días. 

Tras la “Conquista del Desierto” los sobrevivientes mapuche fueron relegados a pequeños cotos de territorio conocidos como “reducciones” o “reservaciones”, posteriormente sus tierras fueron declaradas como fiscales para la Nación y subastadas a terratenientes y empresas. 

Actualmente hay numerosos precedentes tanto en Chile como en Argentina de particulares que han adquirido derechos y acciones dentro de los títulos comunitarios mapuche, lo que ha originado conflictos violentos al defender los originarios mapuche el derecho de las pocas tierras que no le fueron arrebatadas durante el siglo XIX. 

También destacan el nombre de numerosos mártires de esta lucha como Camilo Catrillanca, comunero mapuche asesinado en 2018, con un disparo en la espalda por parte del sargento de Carabineros Carlos Alarcón Molina, durante una operación policial en la comunidad de Temucuicui, en la Región de La Araucanía chilena.

En estos enfrentamientos las autoridades locales siempre favorecen a los particulares, y desalojan o asesinan a los mapuches, y han utilizado diversas estratagemas tanto legales como con el uso de la fuerza pública para lograr sus objetivos de expoliación del territorio ancestral. 

La provincia argentina de Chubut en la Patagonia, alberga vastas llanuras entre la cordillera de los Andes y el océano Atlántico. Esta región es una de las áreas donde actualmente  subsisten estos conflictos territoriales.

La Patagonia argentina se encuentra atravesando en estos momentos la temporada de incendios forestales, la cual abarca desde enero hasta abril de cada año, este no puede ser un motivo para profundizar en la criminalización que atraviesa el Pueblo mapuche de parte de las autoridades del gobierno de Javier Milei, quienes son acusados de provocar los incendios. 

Este accionar deshonesto y de talante racista no sólo evidencia viejas prácticas de las dictaduras, sino que muestra otra arista de la crisis civilizatoria que atraviesa nuestro orbe, en la cual los grandes intereses del capital alientan a gobiernos de ultraderecha para utilizar el contexto del cambio climático como una herramienta para despojar a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales y judicializar sus luchas históricas.

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